Fotografía ilustrativa IA
Morena se ha consolidado como la fuerza política más importante del país y un fuerte competidor en Jalisco. Nadie puede regatearle el peso de su marca ni el arraigo de su proyecto social entre los jaliscienses. Sin embargo, tener el viento a favor en las urnas no sirve de nada si hacia el interior el barco se está hundiendo por las decisiones de su tripulación. De cara al 2027, el verdadero enemigo de Morena en el Estado no es la oposición, sino la profunda polarización interna que su propia dirigencia insiste en alimentar.
La pregunta que la militancia se hace con urgencia es obligada: ¿Hasta cuándo la incapacidad de la presidenta estatal, Erika Pérez, seguirá dividiendo al partido bajo el estricto libreto dictado por el senador Carlos Lomelí?
Lo vivido el pasado fin de semana en el municipio de Tlajomulco no fue un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad más grave. Un consejo municipal que debió tejer unidad de cara al futuro terminó convertido en un campo de batalla de empujones y gritos. Ahí, liderazgos con base social real, como el de Lulú Barrera, dejaron en claro lo que ya es inocultable: la polarización actual la provoca una dirigencia que juega con dados cargados, obsesionada con imponer únicamente a los incondicionales del senador, castigando con presiones y malos tratos a cualquiera que se atreva a disentir.
El problema no es el partido; el problema es el secuestro de sus siglas. Morena tiene todo para ganar en Jalisco, pero su actual dirigencia opera más como una gerencia de facción que como un auténtico árbitro institucional.
La militancia no pide que se debilite al partido, al contrario; exige un manotazo en la mesa que ponga orden, que frene la influencia desmedida del senador y que obligue a Erika Pérez a recordar que su deber es unir, no dinamitar el camino al 2027.
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