No cabe duda de que, en política, la forma suele ser fondo, pero cuando la forma se convierte en un chaleco guinda forzoso, lo que tenemos es un atropello a la legalidad.
Lo que está sucediendo en San Pedro Tlaquepaque, bajo la administración de Laura Imelda Pérez Segura, no es un simple error de logística administrativa; es un síntoma de una enfermedad común en nuestra política: la confusión entre el gobierno y el partido.
La reciente notificación de la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) pone sobre la mesa una denuncia que debería encender las alarmas de cualquier defensor del Estado de Derecho. Según el oficio ST/SP/26000444/2026, funcionarios municipales están jugando a ser autoridad estatal, cobrando «cuotas» indebidas y, lo más ridículo, obligando a transportistas comunitarios a uniformarse con los colores de la «cuarta transformación» bajo amenaza de sanción.
¿Desde cuándo un ayuntamiento tiene la facultad de uniformar a los transportistas? La respuesta es corta: nunca.
La Ley de Movilidad es clara y no admite interpretaciones creativas. El transporte es competencia estatal. Sin embargo, en Tlaquepaque parecen creer que la autonomía municipal es una licencia para crear una «república independiente» donde se puede pasar la charola y pintar la realidad de guinda a punta de extorsiones.
Este caso es grave por tres razones:
1. La Extorsión Institucionalizada: Si se confirman los cobros indebidos, estamos ante un esquema de corrupción que asfixia a quienes menos tienen: los operadores de transporte comunitario.
2. La Invasión de Competencias: El Ayuntamiento ignora deliberadamente la ley estatal para ejercer un control que no le pertenece.
3. El Simbolismo Autoritario: Obligar al uso de un color partidista no es una medida de seguridad vial; es un acto de marcaje territorial. Es decirle al ciudadano: «aquí mandamos nosotros, y hasta tu ropa nos pertenece».
La alcaldesa Pérez Segura tiene una papa caliente en las manos. O sus subordinados se están «mandando solos» en un afán recaudatorio y proselitista, o existe una instrucción directa para colonizar visual y económicamente un sector que no les corresponde.
El transporte público en Jalisco tiene retos monumentales: seguridad, frecuencia, calidad. Que la autoridad municipal gaste sus energías en vigilar el tono de un chaleco en lugar de bachear sus calles o mejorar la seguridad, nos habla de una preocupante desconexión con las prioridades ciudadanas.
En política, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en Tlaquepaque, por querer apretar el bolsillo y la imagen de los transportistas, podrían terminar rompiendo el hilo de la legalidad. Veremos si la alcaldesa decide rectificar o si el guinda de los chalecos terminará por manchar, irremediablemente, el inicio de su gestión.
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