• Convocatoria abierta hasta el 29 de febrero

Se instalarán el 1° de marzo y se desinstalarán en junio de este año

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco convoca a las personas que viven en el interior del Estado a formar parte de uno de los 125 Consejos municipales electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024 en el que se renovarán el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la totalidad de los ayuntamientos que conforman el Estado de Jalisco.

La convocatoria está abierta hasta el próximo 29 de febrero, es decir, restan 15 días, y los municipios en donde hay más espacios disponibles para integrar estos consejos son: Valle de Juárez, Tuxcueca, Tonila, Tizapán el Alto, Tonaya, Tolimán, Tapalpa, San Martín Hidalgo, villa Purificación, El Limón, Juchitlán, Ejutla, Chiquilistlán, San Gabriel, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Ayutla, Atemajac, Amacueca, San Julián, San Diego de Alejandría, Jesús María, Zapotlán del Rey, Valle de Guadalupe, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Acatic, Unión de San Antonio, San Martín de Bolaños y Amatitán.

Los Consejos son órganos ciudadanos que tienen la función de conducir las actividades y toma de decisiones en torno a la organización de la elección de su demarcación territorial; focalizados de acuerdo con el mapa distrital y municipal aprobado dentro del propio Instituto. Los órganos colegiados están compuestos por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y cuatro consejeras o consejeros municipales con derecho a voz y voto; así como tres consejeras o consejeros generales suplentes en orden de prelación. Los consejeros electorales municipales son retribuidos económicamente, ya que dependiendo del municipio del interior del estado reciben una dieta mensual neta que oscila entre los 8 mil hasta los 28 mil pesos aproximadamente (se anexa imagen en hoja final). Ahora bien, para aspirar al cargo se deben reunir requisitos como:

Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y disponer de credencial para votar. Tener conocimiento en materia electoral para el desempeño adecuado de sus funciones. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular en los tres años anteriores a la fecha de designación. No haber sido postulada o postulado a ningún cargo de elección popular en los tres años anteriores a la fecha de la designación.

No haber sido condenada o condenado por delito doloso o por violencia política. contra las mujeres por razón de género. No estar afiliada o afiliado a ningún partido político. Tener constancia de no sanción administrativa. Entre otros requisitos que pueden ser consultados en la página de internet www.iepcjalisco.org.mx. La conformación de los consejos se dará una vez que sean revisados los expedientes de los aspirantes, se realice una valoración curricular así como una entrevista mediante el uso de plataformas electrónicas, de forma virtual o en línea. Se instalarán a partir del 1° de marzo y se desinstalarán en junio de este año. Quienes aspiren a integrar los consejos municipales electorales podrán presentar su solicitud de registro y los documentos solicitados en la convocatoria a través del Sistema Estatal de Registro para Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales, que se encuentra disponible en la página de Internet www.iepcjalisco.org.mx, hasta el 29 de febrero del presente año. Dirección de Comunicación Social Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Gabriela Godínez García

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), recibió las tres solicitudes para la candidatura al Gobierno del Estado, por las coaliciones «Fuerza y corazón por Jalisco», el partido Movimiento Ciudadano y la coalición «Sigamos haciendo historia en Jalisco».
El primer registro fue de Laura Lorena Haro Ramírez como candidata de la coalición conformada por el Partido Revolucionario institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), posteriormente se registró a Jesús Pablo Lemus Navarro como candidato del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), finalmente fue por la coalición integrada por Morena, Hagamos, Futuro, Partido del Trabajo (PT)y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como candidata a Claudia Delgadillo González.
Cabe señalar que el cierre de registros de candidaturas a la gubernatura fue el día de ayer a las 23: 59 horas, posterior a esta fecha el Consejo General del IEPC emitirá una resolución, sobre la procedencia de las solicitudes de registro al gubernatura el próximo 29 de febrero.
Asimismo el Instituto Electoral, dio a conocer coma que inicia opción de solicitudes para el registro de candidatas y candidatos a diputaciones y municipales para el proceso electoral local 2024, cuyo registro se realiza a través del sistema integral de registro de candidaturas diseñado por el organismo electoral.

Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la excarcelación de diecinueve integrantes de la Iglesia Católica que se encontraban privados arbitrariamente de libertad en Nicaragua; a la vez que rechaza su expulsión del país, e insta al Estado a cesar la persecución religiosa y a la liberación de todas las personas presas políticas.

El 14 de enero, el gobierno informó sobre la excarcelación y traslado hacia el Estado Vaticano de dos Obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas de la Iglesia Católica. Uno de los obispos es el Monseñor Rolando Álvarez Lagos, beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a solicitud de la CIDH, para la protección de su vida e integridad. Dicha solicitud se basó en la falta de atención médica, así como el deterioro de su salud física y mental como consecuencia de las graves e inhumanas condiciones de detención y aislamiento en las que permanecía en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como cárcel «La Modelo».

Monseñor Rolando Álvarez, quien estuvo privado arbitrariamente de la libertad desde agosto de 2022, fue condenado a 26 años de prisión en 2023, sin juicio y sin las debidas garantías procesales; además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y privado arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense de por vida, por los supuestos delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas, desobediencia y desacato a la autoridad, entre otros. Desde el inicio de la crisis, en 2018, Monseñor es considerado una de las voces más críticas ante el deterioro de la situación y las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, tuvo un rol destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las protestas sociales y mantuvo de forma constante la demanda de liberación de las personas presas políticas.

Como la CIDH señaló en su Informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas, sin garantías el debido proceso; la prohibición para la realización de actos religiosos y la celebración de misas; el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y Universidades vinculadas con distintas congregaciones católicas, entre otros hechos. Desde octubre de 2023, Nicaragua desterró del país a 29 sacerdotes y dos seminaristas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado». Al respecto, la CIDH reitera que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación.

La Comisión exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.