Aprueba Congreso de Jalisco adecuaciones a Constitución respecto al tema de corrupción

Gabriela Godínez García

El pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó adecuar la Constitución Política del Estado de Jalisco con el propósito de incorporar las disposiciones que se realizaron hace unos días a nivel federal respecto a la Ley Anticorrupción.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el legislador Juan Manuel Alatorre expresó que la aprobación de este decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene en materia de corrupción, un dueño, tiene un solo ganador  y esta es la sociedad civil.

Misma que dijo desde hace años “ésta nos viene exigiendo intervenir contundentemente en este tema, nos pedía un esfuerzo de diálogo y de creación de consensos entre todas las instituciones políticas, sociales y académicas”, por lo que las legisladoras y los legisladores del PRI se sienten orgullosos del papel que ha desempeñado el gobierno en estos dos últimos años.

El coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gabino Berúmen se dijo congratulado porque al fin, después de más de cinco  meses de presentada la iniciativa de reforma constitucional, las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión pactaron la creación de un sistema nacional anticorrupción.

Por lo que señaló que lo que hoy aprueban tiene grandes propuestas tales como:

1. Se establece la procedencia de la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
2. Se instituye el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa que será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos.
3. Se elegirá a un titular para cada uno de los órganos internos de control con que contarán cada uno de los órganos a los que la Constitución reconoce autonomía.
4. Se faculta a la Auditoría superior para fiscalizar los recursos federales que ejercen los Estados así como el manejo de los empréstitos que cuenten con garantía de recursos de la federación.
5. Se eleva a rango constitucional la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción.
6. Se obliga a los servidores públicos a presentar declaración patrimonial y de intereses y;
7. Se crea un Sistema Nacional Anticorrupción.