Opinión
Enlace Ciudadano El servicio de transporte público en la ruta del bienestar
La prestación del servicio de transporte público corresponde al Gobierno del Estado, sin embargo, ante sus dificultades financieras, la falta del equipo de transporte necesario, lo costoso de las unidades y la disposición de particulares para invertir y prestar dicho servicio, en sustitución del Estado, este fue permisionado, concesionado o subrogado a personas físicas y morales que en su momento lo solicitaron por su viabilidad, vista como una atractiva oportunidad de negocio.
Con el tiempo y ante la falta de políticas públicas en materias de movilidad y transporte público y bajo el auspicio de una Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, vigente desde febrero de 1998, se generaron las condiciones que permitieron a los transportistas adueñarse por completo de la prestación de un servicio tan importante e imponer sus condiciones tomando de rehén a la sociedad.
El contenido de esta Ley, privilegiaba un esquema definido como hombre-camión que involucraba a los conductores en una dinámica de competencia por el pasaje para alcanzar mayores ingresos.
El hecho de anteponer sus intereses personales y su voracidad por obtener mayores beneficios financieros, por parte de muchos transportistas, sin importar las aspiraciones y las necesidades de la sociedad, originó el deterioro en la prestación de dicho servicio, ante el trabajo en excesivo de las unidades del transporte, sin otorgarles el mantenimiento adecuado, dándose por consiguiente una sobre explotación de los conductores, en su mayoría, sin el derecho a sus prestaciones laborales.
La sociedad fue un espectador angustiado e inconforme de acuerdos y convenios entre el Gobierno del Estado y los transportistas, que siempre se traducía en un incremento al precio del servicio de transporte a cambio de la promesa de mejorar el estado físico y mecánico de las unidades del transporte, de capacitar a los conductores y de tomar las acciones necesarias para la mejoría del servicio, algo que por supuesto, nunca sucedía y lo peor de todo, es que no se sancionaban los incumplimientos.
Los vicios anteriores y muchos otros que se cultivaron al interior de cada una de las rutas y ante la falta de control y vigilancia a conductores y unidades, fueron las causas que nos hacen comprender las razones que han llevado a transportistas y a choferes, a una disputa y competencia por los usuarios, sin importar su seguridad, su comodidad y su satisfacción con el servicio.
El ambiente prevaleciente, en este tema, al arribo de la actual Administración Pública Estatal no era el mejor, ya que estaba caracterizado por la creciente inconformidad de los usuarios, ante el mal servicio, por las condiciones de insalubridad e inseguridad de las unidades de transporte, por la actitud grosera de muchos conductores, por la disputa del pasaje en cada una de las rutas, por la voracidad de obtener mayores ingresos, por parte de los propietarios de dichas unidades y por una demanda de aumento en el precio del transporte, entre muchas otras.
En agosto de 2013, se aprobó la creación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, una ley de vanguardia, mediante la cual el Gobierno del Estado podrá implementar las acciones y tomar las decisiones necesarias para corregir los males, las mañas y las deficiencias que por años ha venido arrastrando la prestación de un servicio básico como el transporte público.
En la nueva normativa se contempla el principio de ruta-empresa en el esquema de prestación del servicio, con lo que se elimina la competencia por el pasaje y por los ingresos diferenciados, ya que, se igualan los ingresos entre las unidades y las percepciones entre los conductores.
Esta Ley, otorga al Gobernador las facultades para la revocación de las concesiones y a tomar medidas y sanciones en contra de los transportistas que incumplan con la ley, con sus responsabilidades y compromisos para con los usuarios.
El Gobernador del Estado, ha tomado las primeras decisiones y faltan muchas más acciones, de las que seremos testigos en beneficio de los usuarios y de la movilidad.
Jalisco se está transformando en vías de nuestro bienestar.
Opinión
La Herencia de la Familia González Rodríguez: Un Laberinto de Corrupción y Poder
Amaury Sánchez
La historia de la herencia de la familia González Rodríguez se ha convertido en un verdadero culebrón que pone de manifiesto las sombras que acechan a la justicia en Jalisco.
En un escenario donde un testamento legal designa claramente a Luis Rabinal González Rodríguez comoalbacea, la irrupción de sus sobrinos con laberintos legales logran imponer a Alejandro Escoto Ratcovich, en una sucesión intestamentaria ilegal, plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la influencia de intereses oscuros.
El Juez Octavo de lo Familiar, al parecer, ha decidido apoyar a un individuo que no tiene lazos familiares con los González Rodríguez, mientras que los verdaderos herederos se ven atrapados en un laberinto de maniobras legales que parecen más un juego de ajedrez que un proceso de sucesión.
La situación se complica aún más con la intervención de los hermanos González Uyeda, quienes, con sus peripecias legales, han dejado a los herederos en un estado de indefensión, lo que sugiere un alarmante nivel de fraude procesal y usurpación de funciones.
Lo que se presenta como un caso legal se revela, a través de los murmullos de quienes conocen la situación, como un entramado político de altas influencias. La colusión entre el poder judicial y ciertos grupos empresariales, representados por los sobrinos Abraham y Masayi, es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden prevalecer sobre la justicia. Estos individuos, que se presentan como defensores del «fair play» corporativo en foros como COPARMEX y CONCANACO, parecen haber olvidado los principios de ética y transparencia que predican.
La situación es aún más preocupante cuando consideramos que este caso podría ser uno de los más corruptos en la historia de Jalisco, y quizás de México. La manipulación de la ley y el uso de influencias para despojar a los legítimos herederos de su patrimonio no solo es un ataque a la familia González Rodríguez, sino un golpe a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de lo que está en juego. Este no es solo un asunto familiar; es un reflejo de cómo el poder y el dinero pueden corromper el sistema judicial y despojar a las personas de sus derechos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán las autoridades para restaurar la justicia en este caso? ¿Se permitirá que la corrupción y la impunidad sigan reinando en Jalisco? Queridos amigos, es momento de alzar la voz y exigir transparencia y justicia.
La herencia de la familia González Rodríguez no debe ser solo un tema de interés local, sino un llamado a la acción para todos aquellos que creen en un Jalisco más justo y equitativo. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso hacia un cambio necesario.
Opinión
ES IMPERATIVO EL ESTADO DE DERECHO
*Por Juan Carlos Hernández Ascencio.
Haciendo imperar el Estado de Derecho, una vez más los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostraron sentido ético y práctico en la revisión de la llamada controversia constitucional de reforma judicial, no se esperaba otro resultado para el país. Por lo que, suponemos que en la inteligencia de esa decisión es la salvaguarda de los principios basados en la ley y solo en ello y no otro propósito.
De parte de los integrantes de la Suprema Corte,quienes justo argumentaron que los motivos de su decisión fueron sustentados conforme a derecho; pues pensar en que la constitución política se puede manipular al gusto y capricho de quien sea es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este país, es decir por lo tensa que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones. En la votación hecha de los once ministros que aún conforman el pleno, tres ya muy conocidos votaron en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones de la temática presentada en un primer escenario.
Sin embargo, este fue el primer episodio, porque ya al entrar a el estudio profundo de la situación del tema ya no fue posible la votación en el mismo sentido y usted ya sabe el resultado final.
Hay que entender que las leyes están para cumplirlas, y para hacerse cumplir, si esto es así, solo queda hacer respetar el estado de derecho, ante ello se ha valoradola determinación conforme a los ministros que han mostrado sensibilidad también al llamado de la ciudadanía por conservar la justicia como es y como está hoy dia. Con la estructura como opera, con su carrera profesional y de especialización, que es un baluarte que ha hecho que su personal en todos los niveles puedan contar con la suficiente capacitación para desempeñar el no menos importante trabajo de impartir justicia a cabalidad.
Pese a que no quedará ahí pues hay otros “idealistas salvadores de la patria” que han anunciado la no aceptación de estas decisiones del pleno de los ministros, y harán valer, ahora sí que, por que sí, su razón política de no aceptar tal decisión, esto se va a poner más polémico de lo que se pensaba. Vaya momentos por los que atraviesa el país. Sus razones e intereses tendrán, empero lo que no debe hacerse es llevarlo a otros niveles de no diálogo y entendimiento.
Es necesario recordar la sana división de poderes yque es de relevante importancia la obligación de respetar la ley, todos; sin embargo, qué será lo que nose entiende, para sí hacerlo es el tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional, que fundamente y sostengan el respeto al estado de derecho, a quién le hace mal, que México cuente con jueces, ministros, y demás personal entregados a su labor sin distinción y compromiso alguno tergiversado que no sea solo el de cumplir la ley y buscar el bien común en las decisiones tomadas conforme a esta.
Más bien que sea el tiempo de que venga la paz social ahuyentando los demonios desestabilizadores del país y generando mejor la participación de la ciudadanía en el interesante proceso de trasformación de México, pues la democracia nos necesita una y otra vez. Sea como sea y venga lo que venga no dejemos que el país se desmorone, la paz pública descansa siempre en las instituciones creadas para tal fin, el derecho intrínseco de la ciudadanía se sostiene, en la simbiosis y el buen modo de emplear la integridad y honestidad de ejercerlo sin prebendas, compromisos o arrebatos. Edifiquemos para bien, sin menoscabar lo construido hasta ahora. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.
Opinión
Sello Rojo se olvidó de Don José Luis González Sánchez!
Por: Amaury Fdo. Sánchez González
Ayer, en una de esas pláticas de café que se alargan más que un chisme en la plaza Andares, mis amigos y yo nos encontramos discutiendo la vida de un personaje que, aunque ya no esté con nosotros, sigue dejando un sabor agridulce en el paladar de Jalisco: Don José Luis González Sánchez, el hijo del fundador de la famosa Lechera Sello Rojo.
¡Ah, Don José Luis! Un hombre que, desde 1961, se pasaba la vida conduciendo un camión de tres toneladas de Acatic a Guadalajara, como un empleado normal y como si fuera el Santa Claus de la leche, repartiendo felicidad en forma de lácteos.
Pero, ¡ay de mí! La historia de este noble hombre no es sólo un cuento de vaqueros con final feliz.
El año pasado, Don José Luis se despidió de este mundo en condiciones tan precarias, que hasta el más humilde de los queseros se habría sonrojado. Y aquí viene lo más triste: los que se sientan en el consejo de la lechera, esos que parecen más interesados en sus dividendos que en el legado de un hombre generoso, no le pagaron sus ganancias durante más de ocho años. ¡Ocho años! Eso es más tiempo del que muchos de nosotros hemos durado en una relación tóxica.
Don José Luis no sólo era un hombre de negocios; era un verdadero filántropo. Impulsó más de noventa cooperativas en todo el país, ayudando a la gente más pobre del campo. Un hombre educado y culto, que seguramente se revolvería en su tumba al ver cómo sus propios sobrinos lo dejaron en el abandono. ¿Oh, quiénes fueron los responsables de que sus últimos años fueran tan tristes? ¿Acaso la avaricia se apoderó de aquellos que debieron honrar su legado? La pregunta queda en el aire, como un buen queso añejo que no se atreve a caer.
Así que, amigos, mientras disfrutamos de un buen vaso de leche Sello Rojo, recordemos a Don José Luis no sólo como el más humilde y leal hombre de la industria lechera, que practicó la empatía con toda las personas del campo, sino como un hombre que merecía mucho más que el olvido y que alguien investigue a fondo qué pasó y quién le hizo tanto daño. Que su historia nos sirva de lección: en la vida, no todo es blanco y negro.
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