La política mexicana, siempre tan dada al melodrama y a los giros de guion de último minuto, nos regaló un episodio memorable con el llamado «Plan B» de la Reforma Electoral. Tras el estrepitoso y predecible fracaso de la reforma constitucional —esa que buscaba, entre otras lindezas, que los consejeros electorales fueran elegidos por voto popular, convirtiendo al árbitro en un competidor más—, el Ejecutivo Federal y su mayoría legislativa cambiaron de estrategia: si no se puede cambiar la Constitución, cambiemos las leyes secundarias. Y así nació el «Plan B».
A primera vista, el argumento gubernamental para defender este paquete de reformas es seductor y resuena con fuerza en un país con heridas históricas de desigualdad y pobreza: la austeridad. «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre», reza el mantra. Bajo esta lógica, el Instituto Nacional Electoral (INE) es pintado por el oficialismo como un monstruo burocrático, obeso y oneroso, lleno de «golden boys» con sueldos astronómicos.
El «Plan B», por tanto, se presenta como la cura. Una cura que, al analizar los detalles, parece más una receta para la desnutrición severa que para una dieta saludable.
El Corazón de la Tijera: La Estructura Territorial
El punto más polémico de esta reforma es el desmantelamiento de la estructura profesional del INE. La propuesta busca eliminar las 300 Juntas Distritales Ejecutivas y sustituirlas por órganos auxiliares temporales.
Estas juntas no son simples oficinas burocráticas; son quienes se encargan de las tareas más críticas del proceso electoral: la actualización permanente del Padrón Electoral, la cartografía para la división de distritos, la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y la instalación física de las mismas. Reducir esta estructura a su mínima expresión bajo la bandera de la austeridad es una apuesta de altísimo riesgo que pone en jaque la operatividad de los comicios.
Las Consecuencias: De la Certeza a la Incertidumbre
La implementación del «Plan B» tal como fue propuesto ponía en riesgo principios fundamentales:
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Certeza: Sin personal capacitado y permanente, la organización de las elecciones se vuelve vulnerable. La instalación de casillas podría retrasarse y el conteo de votos prestarse a errores o, peor aún, a manipulaciones.
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Equidad: La reforma también buscaba relajar las reglas sobre la propaganda gubernamental, permitiendo a los funcionarios públicos hacer promoción de sus logros durante las campañas electorales, rompiendo el principio de equidad en la contienda.
Conclusión: Una Austeridad Mal Entendida
La austeridad es una virtud republicana necesaria, y el INE debe ser auditado, pero la austeridad no puede ser el pretexto para desmantelar la capacidad operativa del Estado para organizar elecciones libres y confiables.
El «Plan B» no fue un intento serio de mejorar el sistema electoral mexicano. Fue un intento de debilitar a un contrapeso incómodo, politizar la organización de los comicios y pavimentar el camino para una mayor injerencia gubernamental. La democracia no es gratis; es el costo de nuestra libertad y de nuestra capacidad para decidir, pacíficamente, quiénes nos gobiernan.
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