Instalan mesas de atención para chóferes del transporte público

Redacción

Con el propósito de atender las quejas de chóferes del transporte público que se pudieran presentar porque sus patrones se nieguen a cumplir con el nuevo contrato colectivo laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instalará unas mesas de recepción de quejas para darle seguimiento a este tipo de conflictos, anunció el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez.

Almaguero Ramírez, advirtió que todos aquellos subrogatarios que se nieguen a cumplir con el acuerdo firmado, que prevé pagar a los choferes un sueldo diario de por lo menos 300 pesos, un horario fijo e inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrán ser sancionados económicamente.

Explicó que las mesas para la recepción de quejas se instalarán a partir de este miércoles 16 de abril en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

“Queremos informarles a todos los chóferes del transporte público que estaremos estableciendo mesas de trabajo para que acudan a presentar sus quejas. Esto es para que todos a quienes no se les esté respetando su contrato colectivo de trabajo se sienta respaldado”, señaló Almaguer Ramírez.

El titular de la STPS señaló que las sanciones a todos aquellos permisionarios que se nieguen a cumplir con el contrato colectivo o que quieran pagarle menos a sus chóferes o no inscribirlos al IMSS pueden ser de hasta dos mil 500 salarios mínimos.

Dio a conocer que durante los primeros 15 días desde que entró en vigor este nuevo modelo de relación laboral se han revisado 88 rutas del transporte público, se han verificado e inspeccionado mil 467 unidades del transporte público y se ha entrevistado a mil 758 chóferes.

Del total de las 88 rutas revisadas, solamente en dos de ellas se tenía a los chóferes del transporte público inscritos ante el IMSS. Los conductores de las otras 86 carecían de esta prestación que por obligación deben tener.

De las mil 467 unidades verificadas e inspeccionadas, el 90 por ciento se encuentra en condiciones físicas no propicias para prestar el servicio público, pero no fueron retiradas porque no ponen en riesgo la integridad física; por lo que de los mil 758 chóferes entrevistados, prácticamente el 90 por ciento no contaba con ningún tipo de prestación laboral.