Augusto Valencia interpone juicio de responsabilidad contra autoridades Zapopanas

Adriana Zúñiga Guerrero

El regidor Augusto Valencia solicita juicio de responsabilidad en contra Héctor Robles y Maricarmen Mendoza Augusto Valencia López, coordinador la Fracción Edilicia de Movimiento Ciudadano (MC) en Zapopan, presentó una denuncia de juicio de responsabilidad en contra del Presidente Municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro,  y la coordinadora de la Fracción de Acción Nacional (AN), María del Carmen Mendoza Flores,  así como a  los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública.

La denuncia fue interpuesta en razón de que las autoridades municipales antes señaladas avalaron la asignación directa e irregular para trabajos preliminares de cimentación y estructura de concreto en el Hospital General de Zapopan (mejor conocido como Hospitalito) a la empresa Argamuro, S.A. de C.V por un monto de $11 millones 198 mil 370.47 pesos, área del nosocomio donde ocurrió el derrumbe el pasado 5 de octubre.

Añadió que la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, no cuenta con un programa anual de obra pública para el 2013, el cual es un requisito indispensable y que debió haberse aprobado a principios de año, por lo que indicó que “opera en total irregularidad y en complicidad con estos grupos político que asumo se reparten la obra pública entre ellos”.

Valencia López, refirió que en el tema del Hospitalito los funcionarios (el director de Obras Públicas de Zapopan, el supervisor de la obra, el subdirector de edificación y dos inspectores) que “pretenden sacrificar como responsables, no son los únicos, la responsabilidad comienza desde la asignación de la obra, y el responsable de la asignación a la empresa Argamuro es el alcalde”.

Espera el Poder Legislativo cite a las partes involucradas para que den una explicación clara a los legisladores sobre las irregularidades y que a través del juicio de responsabilidad “el alcalde haga cargo de estas atribuciones que ha hecho valer en acompañamiento con el PAN de manera irregular”.

Por último arguyó que el procedimiento instaurado tiene la suficiente solvencia jurídica para que los diputados no lo puedan desechar por una simple decisión política.