- El pleno del ITEI hace un llamado a los legisladores jaliscienses para que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía, empleados y a la propia Contraloría del Estado
Gabriela Godínez García
La transparencia y el acceso a la información es un derecho que se ha adquirido y que ha sido bien acogido por la ciudadanía, siendo Jalisco el Estado que ha obtenido las mejores calificaciones al respecto, gracias al trabajo que ha venido desempeñando el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), organismo que desde el Congreso del Estado de Jalisco se ha propuesto su extinción.
Ante dicha situación el pleno del organismo, emitió un posicionamiento, en el que manifiestan su preocupación por la reforma a diversos artículos transitorios de la Reforma Constitucional, que fueron aprobados en días pasados por las comisiones de Puntos Constitucionales y Electorales, así como la de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso del Estado de Jalisco.
Señalan que de llevarse a cabo la extinción del organismo, debe llevarse a cabo de manera ordenada, tal como se realizó en su momento con el INAI, debido a que en lo que se tiene conocimiento no se prevé un esquema de entrega-recepción, lo cual vulneraría los derechos fundamentales de quienes han interpuesto algún recurso ante el organismo.
Además de que se menciona de manera puntual que no existe ninguna prohibición en la Constitución Federal, ni en la Ley General de Transparencia para que el ITEI pueda seguir funcionando hasta la expedición de leyes secundarias que establezcan las atribuciones y mecanismos para que la Contraloría del Estado asuma el papel garante local.
Asimismo se comenta que el personal del ITEI corre el riesgo de perder su trabajo, debido a que no han contemplado el destino de los recursos humanos y materiales del organismo, así como un presupuesto para poder indemnizarlos respetando sus derechos laborales; ante lo que hacen un llamado para que los legisladores jaliscienses actúen de manera responsable y prevean artículos transitorios que otorguen certeza jurídica sobre las atribuciones y funciones de la Contraloría del Estado
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