Gabriela Godínez García
El programa de verificación vehicular en Jalisco se encuentra sumido en un «colapso total», operando en números rojos y fallando en su objetivo primordial de mejorar la calidad del aire, denunció la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y de Derechos Humanos. Durante una rueda de prensa encabezada por Jaime Aldrete, se expuso que, pese a la baja afluencia de automovilistas y al cierre o desmantelamiento de macroverificentros, el Gobierno del Estado sigue obligado a cumplir un millonario contrato con la empresa transnacional Worldwide Environmental Products (Web).
La principal crítica del organismo radica en el diseño del programa, el cual calificaron como un «modelo de negocio» antes que una estrategia ambiental legítima. Los puntos clave del polémico acuerdo con la empresa Web son:
Monto del contrato: El Gobierno del Estado debe pagar a la empresa estadounidense una suma que oscila entre los 800 y 900 millones de pesos anuales. Lo grave, según se denunció, es que dicha cantidad se tiene que liquidar «se verifique o no se verifique» el parque vehicular.
Tiempo de vigencia: El contrato fue firmado originalmente en 2019, durante la gestión de Enrique Alfaro, por un periodo de 19 años (ampliado posteriormente), lo que asegura que las finanzas públicas locales sigan comprometidas a largo plazo si no se cancela o rediseña el esquema actual.
De acuerdo con las declaraciones, la baja respuesta ciudadana ha provocado que los empresarios que invirtieron en los centros de verificación locales no alcancen el retorno de inversión prometido. Esto ha provocado el cierre de instalaciones y situaciones críticas como la del verificentro ubicado en Tlajomulco, sobre la avenida Adolf Horn —uno de los más grandes del estado—, el cual ya se encuentra prácticamente desmantelado.
«El único beneficiado aquí no han sido ni el ciudadano ni los empresarios locales que se animaron a poner estos verificentros… Nadie más que los empresarios americanos de Web. Haya verificación o no, ellos siguen cobrando», sentenció.
Ante este panorama, hizo un llamado directo al gobernador, Pablo Lemus, afirmando que en sus manos está la solución para resolver este «galimatías». La propuesta del sector civil consiste en suspender de inmediato el programa actual, rescindir el contrato con la firma Web y rediseñar el esquema para que el control total pase a manos del Estado, ofreciendo la verificación de manera gratuita para la ciudadanía y utilizando la red de talleres profesionales mecánicos ya existentes para la parte técnica y de afinación.