Mediante una denuncia anónima, personal operativo del Infonavit en Jalisco ha denunciado una estructura de hostigamiento y negligencia que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.
Los señalamientos apuntan directamente a la coordinadora de cobranza así como al coordinador nacional, por represalias laborales y la filtración de datos personales.
La denuncia destaca que la coordinadora ordenó la distribución de más de 3 mil cartas de cobranza en diversos municipios de Jalisco, incluyendo zonas de peligrosidad como Tlajomulco, Ixtlahuacán y Zapopan. En dichos documentos se incluyó el nombre y número telefónico personal de un trabajador, presentándolo ante los acreditados como el responsable directo de ejecutar embargos.
A raíz de esta filtración, se reportan las siguientes afectaciones:
Amenazas directas: El personal afectado ha recibido llamadas y mensajes intimidantes donde se advierte de agresiones físicas si no cesa el envío de cartas.
Acoso de acreditados: Ciudadanos molestos contactan directamente a los teléfonos privados de los empleados para reclamar procesos legales de la institución.
Pese a la presentación de pruebas, la institución ha sido señalada por ignorar la gravedad del asunto. Según el testimonio, la respuesta de la directiva fue minimizar el riesgo, limitándose a proponer cambios en los nombres de las cartas futuras sin retirar el material que ya circula en las calles. Al escalar el caso ante la Unidad de Protección de Datos Personales y la CNDH, las represalias aumentaron.
La denuncia detalla un ambiente de trabajo punitivo tras las quejas formales:
Amenazas de despido: Se reporta que directivos nacionales condicionaron la estabilidad laboral del personal a cambio de retirar las denuncias.
Abuso de autoridad: El coordinador nacional del Infonavit es señalado por imponer juntas fuera del horario laboral y modificar arbitrariamente los horarios de entrada y salida del personal de nivel operativo.
Aislamiento profesional: A los mandos medios se les habría prohibido tener contacto con el personal denunciante, restringiendo su acceso a información necesaria para sus labores.
Los afectados exigen la intervención de las autoridades competentes para frenar el «coyotaje» y los fraudes que esta exposición de datos facilita, además de garantizar un entorno libre de violencia laboral.
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