Redacción
Daniela Báez, integrante del colectivo Reboso de México, hizo pública hoy la serie de irregularidades, negligencias y posibles actos de corrupción que han marcado su proceso judicial tras denunciar en 2022 a David C., ex docente de la Universidad de Guadalajara, por abuso sexual infantil.
A pesar de las pruebas periciales presentadas por el Instituto de Ciencias Forenses, el caso fue sistemáticamente obstaculizado por instancias estatales.
Báez detalla que, en una primera etapa, el juez Luis Ignacio Arias —quien mantenía vínculos laborales con la misma casa de estudios— desestimó las pruebas con argumentos revictimizantes, llegando a cuestionar la apariencia física de la víctima y su activismo como motivos para desestimar el delito.
Un historial de irregularidades El testimonio de la activista revela un patrón de impunidad institucional que incluye:
Extravío de expedientes: La carpeta de investigación desapareció del juzgado durante meses, impidiendo que la apelación fuera turnada al Supremo Tribunal de Justicia.
Protección institucional: Los magistrados de la Sexta Sala —Federico Hernández Corona, Elsa Navarro Hernández y Ruth Gabriela Gallardo Vega— ratificaron resoluciones que ignoraron pruebas contundentes, favoreciendo un «carpetazo» al caso.
Revictimización: Fue necesario recurrir a instancias federales para que, en 2025, se reconocieran los elementos del delito, logrando la detención del agresor, aunque bajo un proceso marcado por tácticas dilatorias.
«Negar derechos desde el poder también es violencia», declaró Báez. «Durante estos cuatro años he tenido que defenderme no solo de mi agresor, sino también de quienes debían garantizar justicia. Mi caso no es aislado; refleja una realidad donde el 98% de los delitos en Jalisco no tienen una resolución, manteniendo al estado en los índices de impunidad más altos del país».
Exigencia ante el Poder Judicial Daniela Báez hace un llamado directo al juez Arturo González Santana para que, en la audiencia intermedia programada para este 23 de junio, actúe con estricta ética jurídica, total imparcialidad y perspectiva de género.
La exigencia es clara: la apertura a juicio y el fin de las tácticas que han prolongado la revictimización de la víctima.
La activista, quien también ha denunciado omisiones por parte de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UdeG —donde las sanciones al personal implicado se limitaron a cursos de capacitación—, enfatiza que su lucha no es solo por ella, sino por todas las niñas, niños y adolescentes a quienes el sistema les ha fallado.
“Lo que busco no es solo una sentencia, sino una rendición de cuentas efectiva que rompa el ciclo de protección a agresores dentro del Poder Judicial”, concluyó.
Para visibilizar esta lucha y denunciar la continuidad de las tácticas dilatorias, este día se lleva a cabo un posicionamiento a las afueras del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.